El BOE regula los biocarburantes para producir energía

Si tu empresa produce electricidad, calor o frío con biomasa, o participa en la cadena de suministro, la pregunta práctica es cuánto tendrá que gastar para ajustarse a la norma. El Real Decreto 926/2026, publicado en el BOE el 29 de octubre, no fija una tarifa ni un coste estándar en euros: define criterios que pueden exigir revisar el origen de la materia prima, la documentación y la verificación, según la actividad y la instalación.

¿Qué regula el Real Decreto 926/2026?

La nueva disposición desarrolla cambios de la Directiva europea 2023/2413. Su ámbito específico incluye la biomasa forestal utilizada para producir electricidad, calefacción, refrigeración o combustible en instalaciones situadas en España, con independencia del origen geográfico de esa biomasa. También modifica el marco de sostenibilidad y reducción de emisiones del Real Decreto 376/2022, que comprende biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa.

El propio decreto distingue los términos. Los biocarburantes son combustibles líquidos destinados al transporte y producidos a partir de biomasa; los biolíquidos son combustibles líquidos para otros usos energéticos, como la electricidad o el calor; los combustibles de biomasa son sólidos o gaseosos. Esa diferencia importa: una empresa no puede deducir sus obligaciones solo por trabajar con energía renovable. Debe identificar qué producto utiliza o comercializa y para qué se tiene en cuenta.

El objetivo de la norma es reforzar la sostenibilidad y la reducción de emisiones, y orientar los sistemas públicos de apoyo para evitar que el uso energético desplace usos materiales de mayor valor. No presenta una tabla de inversiones obligatorias ni cuantifica cuánto cuesta adaptarse a cada caso. La empresa tendrá que mapear sus obligaciones antes de pedir presupuestos.

¿Qué coste tendría adaptar mi actividad a los requisitos de biocarburantes que me correspondan?

La respuesta dependerá de los requisitos que sí sean aplicables a cada operador. Como primer paso, conviene anotar la actividad —producción, transformación, suministro o uso—, el combustible, su origen, el tipo de instalación y, cuando proceda, la potencia térmica nominal y la fecha de entrada en funcionamiento. Después, hay que comprobar si la actividad debe demostrar criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones, y bajo qué sistema puede hacerlo.

El decreto permite acreditar el cumplimiento mediante un sistema voluntario reconocido por la Comisión Europea, un régimen nacional con decisión favorable de la Comisión o, en los supuestos previstos, el sistema nacional de verificación. Para estos procedimientos, establece auditorías independientes obligatorias y transparentes. La información sobre el cumplimiento debe ser fiable, y la Administración puede pedir los datos usados para elaborarla. Esas obligaciones pueden traducirse en trabajo interno, recopilación de evidencias y servicios de verificación, pero el texto no les asigna importes.

Por eso, un cálculo empresarial útil debe separar los gastos que la compañía realmente cotice. Por ejemplo: revisión de procesos y contratos de suministro; preparación o adaptación de registros; auditoría o verificación; y, si el diagnóstico lo confirma, cambios en abastecimiento u operación. No son partidas que el real decreto valore ni una lista de costes obligatorios universal: son categorías para pedir ofertas comparables. Hay que incluir solo las que correspondan y evitar sumar dos veces tareas incluidas en un mismo servicio.

¿Qué empresas pueden quedar fuera de algunos criterios?

El decreto recoge umbrales concretos para los combustibles de biomasa en relación con los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones del capítulo correspondiente. Los combustibles sólidos quedan fuera de esos criterios para los fines contemplados cuando se utilizan en instalaciones con potencia térmica nominal total inferior a 7,5 MW. Para combustibles gaseosos derivados de biomasa, el umbral es inferior a 2 MW. La norma precisa que solo se considera la potencia nominal de los dispositivos de combustión que utilizan combustibles de biomasa.

También contempla instalaciones que producen combustibles gaseosos derivados de biomasa con caudal medio de biometano igual o inferior a 200 metros cúbicos equivalentes de metano por hora, medidos en condiciones normales. Si el biogás mezcla metano con otro gas no combustible, el umbral se recalcula proporcionalmente a la cuota volumétrica de metano. Estos límites no deben confundirse con una exención general de cualquier obligación legal o administrativa: se refieren a los criterios señalados y a los fines previstos por el Real Decreto 376/2022.

La biomasa forestal recogida en España cuenta además con una vía de acreditación específica: si dispone de las autorizaciones y permisos aplicables conforme a la normativa forestal, el titular puede respaldar mediante declaración responsable, apoyada en los procesos internos de la empresa, que el aprovechamiento cuenta con ellos. Las condiciones exactas y la documentación necesaria deben comprobarse en el texto y para cada suministro.

¿Qué cambia para las ayudas a la biomasa forestal?

El principio de uso en cascada establece un orden de preferencia para la biomasa leñosa en el diseño de los sistemas de apoyo: productos derivados de la madera, ampliación de su vida útil, reutilización, reciclado, bioenergía y eliminación. En la práctica, el decreto dirige esta pauta a las políticas públicas y, especialmente, a cómo se diseñan las ayudas. No impone por sí solo que toda empresa abandone la biomasa ni cuantifica una inversión de sustitución.

La Administración no otorgará apoyo financiero directo a la producción de energía a partir de trozas de aserrío, trozas para chapa y madera en rollo de uso industrial, con excepciones. Entre ellas figuran materias primas no aptas para uso industrial por las condiciones de mercado y la falta de industria local capaz de utilizarlas; ciertas necesidades de prevención de plagas; y trabajos de gestión forestal, prevención de incendios o respuesta a perturbaciones documentadas. Para los tocones y raíces, la excepción se refiere a la extracción que constituya una práctica forestal sostenible.

Asimismo, no se concederá nuevo apoyo ni se renovará el existente para electricidad de biomasa forestal en instalaciones únicamente eléctricas, salvo supuestos previstos, como algunas regiones de baja densidad de población y actividad industrial que cumplan requisitos de eficiencia, la captura y almacenamiento de CO₂ de biomasa o regiones ultraperiféricas bajo condiciones específicas. Si el modelo de negocio depende de apoyo público, conviene verificar la categoría de instalación y la elegibilidad antes de proyectar ingresos futuros.

¿Desde cuándo se aplican los cambios principales?

En las modificaciones del Real Decreto 413/2014, los requisitos relativos a determinadas materias primas forestales se aplican a la energía eléctrica generada a partir del 1 de enero de 2027. La misma fecha se establece para la aplicación de determinados criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones a instalaciones que antes estaban exentas del título I del Real Decreto 376/2022. La planificación debe considerar el calendario de cada obligación, no tratar todos los cambios como si empezaran el mismo día.

En cuanto a la reducción de emisiones, el texto fija umbrales distintos por tipo de producto, tecnología y fecha de puesta en marcha. Por ejemplo, prevé un mínimo del 80% para electricidad, calefacción y refrigeración con combustibles de biomasa en instalaciones que hayan entrado en funcionamiento después del 20 de noviembre de 2023. Para otras instalaciones, los porcentajes y plazos cambian. La tabla siguiente resume algunas cifras del decreto; no constituye un cálculo de costes.

¿Cómo preparo un cálculo realista?

Primero, delimita qué entidad y qué actividad se presupuestan. Una planta que genera energía, un operador que produce combustible y un proveedor forestal pueden tener obligaciones distintas. Segundo, recopila los datos técnicos y de trazabilidad que ya existen. Tercero, solicita presupuestos desglosados para cubrir las brechas identificadas. Por último, separa el coste inicial de cualquier gasto periódico que el proveedor incluya, y anota el periodo al que corresponde. El total será la suma de partidas aplicables, con importes respaldados por ofertas o costes internos comprobables.

Como ejemplo ilustrativo, una empresa podría registrar cuatro partidas cotizadas: diagnóstico, documentación, auditoría y cambio operativo. Si alguna no resulta exigible o necesaria, se deja fuera; si una oferta agrupa diagnóstico y documentación, no se contabiliza dos veces. No se asignan euros al ejemplo porque el real decreto no proporciona precios de mercado ni un caso empresarial con importes. El simulador de esta pieza permite ordenar los conceptos, pero su resultado depende de los valores que aporte cada compañía.

Para entender el contexto económico general, el Banco de España publica estadísticas económicas y financieras, y el INE difunde notas de prensa con resultados estadísticos. Esas fuentes ayudan a consultar indicadores oficiales, pero no ofrecen una tarifa de adaptación a este decreto. La referencia para los requisitos legales sigue siendo el texto íntegro del Real Decreto 926/2026 en el BOE; también puede consultarse el portal general del Boletín Oficial del Estado.

Diario Económico reúne otras calculadoras para empresas y hogares. En este caso, una estimación responsable no promete un coste universal: identifica el requisito, verifica si aplica y suma únicamente los presupuestos concretos de adaptación.